James V. Grimaldi Sari Horwitz
El Economista | 11 julio 2011.
La Casa Blanca anunció ayer que dio luz verde a una nueva norma en materia de seguridad, la cual exige a los distribuidores de armas en los estados del suroeste de la nación reportar a las autoridades de ese país la venta múltiple de rifles semiautomáticos, esto en una ofensiva contra el tráfico de armas a México.
Esta norma, a la cual la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés) e integrantes del Congreso se opusieron, entra en vigor inmediatamente.
En dicha norma se obliga a los distribuidores a informar a las autoridades, dentro de un plazo de cinco días, cuando un individuo adquiera más de dos rifles semiautomáticos de un calibre superior a .22, incluidos sus cargadores extraíbles.
James Cole, fiscal general adjunto, dijo que la norma ayudará a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) “a detectar y desmantelar a las redes ilegales de tráfico de armas responsables de corromper el comercio lícito”.
La nueva disposición será aplicada a un estimado de 8,500 distribuidores que operan en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas (frontera de México), en donde se sabe los traficantes de armas adquieren la mayoría de su arsenal. La información reportada a la ATF será usada por agentes para rastrear cárteles de droga a través del uso de compradores falsos, quienes se hacen pasar por compradores legítimos, pero que en realidad compran las armas para terceros.
Esta decisión surge justo mientras se está llevando a cabo la investigación por parte del Congreso a la operación fallida de la ATF llamada Rápido y Furioso. Agentes y exagentes de la ATF expresaron que de haber estado antes esta norma se habrían podido evitar la mayoría de errores cometidos por la ATF durante el curso de la investigación.
De acuerdo con The Washington Post, esta norma cuenta con historial de rechazo por parte de miembros del Congreso y el lobby de la NRA, ya que en febrero la Cámara, como parte de una iniciativa de gasto masivo, votó abrumadoramente por evitar a la administración de Obama la implementación de esta regla. El líder de la NRA, Chris W. Cox, arremetió contra este plan, llamándole un intento de crear un registro nacional de armas de fuego.
“La NRA apoya los esfuerzos legítimos para detener la actividad criminal, pero no nos mantendremos de brazos cruzados mientras nuestra segunda enmienda es sacrificada con fines políticos.
Por otra parte, la ATF ha tratado de implementar esta regla desde hace más de un año. Tan sólo el año pasado, el gobierno del presidente Obama archivó los cambios antes de las elecciones de la mitad del periodo presidencial.
Fuentes, que prefirieron permanecer anónimas, dijeron que la iniciativa fue archivada por el entonces jefe del Estado Mayor, Rahm Emanuel, un veterano en la disputas contra el lobby de la NRA durante la administración de Clinton. Asimismo, el gobierno de México se congratuló por la decisión que tomó Estados Unidos de obligar a las armerías de Texas, California, Arizona y Nuevo Mexico a reportar las ventas múltiples de armas de asalto.
A través de un comunicado, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que preside Alejandro Poiré, afirmó que México trabaja estrechamente con las autoridades estadounidenses para mejorar las condiciones de seguridad en ambos lados de la frontera.
Precisó que el trabajo bilateral se lleva a cabo bajo el principio de corresponsabilidad, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país.
